El negocio ilícito más lucrativo del mundo

El Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, suscrito por Venezuela, define la Trata como el transporte de personas por medio de sujeción, engaño, o aprobación de la víctima para el propósito de explotación como trabajo forzado o servicios, la prostitución, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Pero como ocurre con otros Convenios y Tratados Internacionales, son pocas las acciones que el Estado ha emprendido para prevenir, educar y combatir este delito.

De acuerdo con la Oficina de la ONU contras las Drogas y el Delito, la trata de personas es considerada como el negocio ilícito más lucrativos del mundo, generando más de 30.000 millones de dólares al año. Mundialmente se calcula que más de 40,3 millones de personas han sido engañadas y sometidas a condiciones de explotación.  Siendo el 72% de las víctimas de sexo femenino.

Las situaciones de conflictos armados y crisis humanitarias incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Condiciones que se han visto agravadas con la actual pandemia por Covid-19. Con el incremento de migración, pobreza, desigualdades y la falta de acceso a buenas oportunidades laborales, aumentan los riesgos de ser víctimas de trata.

En el informe “Mujeres al Límite”, realizado en 2017 por las organizaciones Cepaz, Avesa, Mujeres en Línea y Freya, se indica que niñas venezolanas de estados pobres del país son trasladadas a otros estados y sometidas a servidumbre doméstica, otras son llevadas a zonas urbanas o a centros turísticos de países del Caribe con el objeto de ser forzadas a la prostitución, trasladadas principalmente a lugares como Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago.

Las crisis económicas inducen a medidas desesperadas y hay quienes aprovechan esa debilidad.

La trata de personas, es denominada por expertos como una forma de esclavitud moderna, donde migrantes se convierten en presas fáciles de captación. La pobreza y las limitaciones para acceder a condiciones básicas de formación, salud, alimentación, etc., son el escenario perfecto para que muchas personas se sientan también forzadas a dar su consentimiento a actividades y situaciones de explotación y trata de personas.

La ONU estima que aproximadamente 6,5 millones de venezolanos habrán huido del país para finales del año 2020. De acuerdo con la Oficina para Migrantes y Refugiados venezolanos de la OEA, al menos 4.000 venezolanos, en su mayoría mujeres, han sido traficados a través de Trinidad y Tobago en los últimos años. El mismo ente alerta que 337 venezolanas migrantes, menores de 27 años, han sido traficadas a Guyana desde 2018. Por su parte el Observatorio Nacional de Derechos Humanos en Venezuela, calcula que alrededor de 4 millones de personas en el mundo son víctimas del delito de trata de personas.

Un reporte de la ONG Amnistía Internacional refiere que justo antes de que se implantara el confinamiento en muchos países de la región, visitaron Trinidad para realizar una investigación de campo con refugiadas venezolanas:

“Entrevistamos a decenas de mujeres; muchas se identificaron como víctimas de trata, y buena parte de ellas dijeron que conocían los riesgos, pero que harían cualquier cosa para alimentar a su familia o huir de las violaciones de derechos humanos en su país de origen”.

La trata, un delito que aumenta en Venezuela

Lamentablemente Venezuela no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas y no está haciendo ningún esfuerzo para conseguirlo. En los últimos meses, vimos como a través de la etiqueta #AlertaMorada, se advirtió por redes sociales sobre zonas de Caracas, que serían puntos de secuestros de mujeres. Denuncias de mujeres que relataron cómo eran perseguidas por carros o por hombres en las calles.

Los tratantes de personas someten a mujeres y niñas venezolanas, algunas de ellas atraídas desde las regiones del interior del país hacia Caracas, Maracaibo, y la isla de Margarita, con fines de explotación sexual y explotación sexual infantil dentro del país. Los tratantes o traficantes de personas, pueden ser también familiares de las víctimas, quienes explotan a menores venezolanos en calidad de servicio doméstico.

Diversos Informes denuncian que los tratantes de personas han cometido delitos de explotación contra víctimas venezolanas en Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Macao, México, Panamá, Perú, España, Surinam, y Trinidad y Tobago.

Los hombres tampoco escapan de esta realidad, son captados para fines de trabajos forzosos. Los grupos armados ilegales que se encuentran cerca de las zonas fronterizas, los someten también a la criminalidad y reclutamiento forzoso.

En 2019 fue habilitada la Fiscalía 95 con competencia especializada en el delito de trata de mujeres, pero la creación de esta Fiscalía, al tipificar el delito únicamente contra “mujeres”, excluye los casos donde las víctimas son niños, niñas, adolescentes y hombres, quienes no deben dejarse de lado, porque los coloca en una situación más vulnerable y podrían ser revictimizados.

Hay que educar y sensibilizar sobre el tema

Las ONG de derechos humanos venezolanas, actualmente se están dando a la tarea de educar a las personas que salen del país, sobre los riesgos de la trata de personas, dónde y cómo solicitar servicios de apoyo, a través de talleres, como el de “La ruta Segura”.

El Estado tiene el deber de desarrollar y publicar planes de acción contra la trata de personas, teniendo en cuenta los desafíos actuales y asignar recursos para su implementación, pero en la actualidad ni siquiera publica cifras o reportes oficiales sobre víctimas de trata de personas.

Organizaciones especialistas en la materia coinciden en que esta falta de información impide el diagnóstico del problema, conocer sus dimensiones, así como la elaboración y ejecución de políticas públicas y la coordinación interinstitucional para prevenir este flagelo.

Los funcionarios y cuerpos de seguridad deben también ser educados en la materia, así como en la correcta atención de las víctimas.

En el caso de Dairelis Díaz, sobreviviente de Trata, una de las mayores interrogantes en este caso ha sido el cómo lograron trasladarla hasta Delta Amacuro, precisamente en la misma semana en que se declaró un cerco epidemiológico en Bolívar. Medida que se suponía implicaba el cierre de puentes para impedir la salida o ingreso a la entidad, salvo los sectores priorizados. Incluso, la movilización entre municipios en principio, fue suspendida.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha señalado que la trata de personas transnacional, al contrario de lo que se creía, pasa por los puntos de entrada oficiales de los países, por lo que aun cuando puede que esto se deba a falta de reconocimiento del delito por parte de los funcionarios, también puede existir complicidad.

En Venezuela tenemos diferentes y pocas normativas al respecto, pero no existe un cuerpo especializado ni una ley dirigida especialmente a la esclavitud moderna ni contra la trata y tráfico. Convirtiéndose en uno de los obstáculos que impiden abordar el tema de manera integral, comprender todas las circunstancias y las aristas de este delito. Es indispensable darle preparación a los funcionarios que están en el proceso de investigación y prevención del delito, y ubicar las redes que operan en el plano internacional, por lo que el trabajo colaborativo entre órganos de distintos países es fundamental.

El único mecanismo real de prevención de la trata y tráfico de personas es la educación y la sensibilización sobre estos delitos.