Durante más de siete décadas, la sociedad ha adoptado acuerdos que vayan en pro de la defensa de derechos y garantías de los seres humanos para el disfrute de una vida digna independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole. Este 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, se cumplen 73 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), documento que establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y, a partir de ello, se han adoptado más de setenta tratados de derechos humanos a nivel regional y mundial.
A pesar del conocimiento y ratificación de Estados parte en los convenios para garantizar los derechos humanos, muchas son las naciones que han provocado actos que vulneren los derechos de sus ciudadanos sin importar la reafirmación en la DUDH. Venezuela con unas Carta Magna enfocada en la promoción y defensa de los derechos humanos, paradójicamente, el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han promovido la barbarie a través de la puesta en práctica de un patrón de violación a la población en sus derechos sociales, así como de civiles y políticos.
Prueba de lo anterior es el ingreso de Venezuela a la fase de investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Primer país del continente que será investigado por el tribunal, lo que demuestra que la población venezolana se encuentra en minusvalía frente a sus derechos y en gravísima situación para la búsqueda de justicia por los entes administradores de justicia nacionales.
En ese sentido, las mujeres son uno de los grupos poblacionales más vulnerables en el complejo contexto venezolano de vulneración de derechos. Con la instauración de la Emergencia Humanitaria Compleja y el incremento de la pobreza que alcanza el 94,5% de la población, según la última medición de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021, la feminización de la pobreza donde mujeres y niñas son más vulnerables a cualquier forma de violencia y pobreza económica, vulnerando su desarrollo social. Aunado a el incremento de embarazo adolescente y mortalidad materna, falta de acceso a métodos anticonceptivos, entre otros aspectos.
Otro elemento que es pertinente mencionar e incide en la vulneración de derechos de las mujeres es la violencia basada en género, que ha ascendido con la pandemia por el Covid-19. Además de la ausencia de políticas públicas con enfoque en la protección de la mujer desde diversas aristas: jurídica, social, económica, recreativa, etc.
Con las consideraciones anteriores, esta fecha es propicia para recordar y exigir a los entes competentes y actores involucrados la defensa, promoción y garantía de derechos a la ciudadanía y, sobre todo, a los grupos más vulnerables como mujeres y niños. Ambar hace un llamado al diseño, planificación y ejecución de mecanismos efectivos con enfoque de género diferenciado con el fin de atender diversas situaciones que enfrentan las mujeres y sus necesidades particulares de protección.
