La Iglesia católica exige que se realice una investigación sobre la tragedia de Güiria

«Por las almas de los #NáufragosdeGüiria y por el resto de hermanos que han partido, en medio de esta situación tan difícil, que arropa al pueblo venezolano», así comenzó la eucaristía celebrada el 16 de diciembre,  en la Iglesia Nuestra Señora del Socorro, en La California.

«Hoy, el evangelio nos recuerda que debemos construir el reino de los cielos: de libertad, alegría, gozo y de paz. Situaciones como las ocurridas recientemente, nos puede llevar al vencimiento, arropados en desesperanza, sin embargo, la justicia de Dios se encargará y su mensaje es: no dejarnos vencer», fueron las palabras expresadas por el párroco de la iglesia.

Ante tan lamentable hecho, La Conferencia Episcopal Venezolana, emitió un comunicado en el que se abra un proceso de investigación sobre este hecho.

“La Iglesia católica exige que se realice una investigación de los hechos se conduzca conforme a protocolos internacionales y con pleno respeto a los derechos que asisten a los familiares en su condición de víctimas; esta investigación no debe ser de carácter meramente formal, sino que debe conducir al establecimiento completo de los hechos, y a actos conclusivos que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar”, dice  el comunicado.

Con respecto a la conducta manifiesta del gobierno de Trinidad y Tobago contra los migrantes venezolanos, la CEV la califica de inaceptable “por incurrir en una transgresión del deber de no devolución, en virtud del cual, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una persona no puede ser rechazada en la frontera o expulsada de otro país sin un análisis adecuado e individualizado de su petición”.

“Nos solidarizamos con sus familiares, orando para que el Buen Dios en su infinita misericordia consuele el llanto de los afligidos por esta tragedia y les conceda el eterno descanso a los fallecidos”, expresa.

En el documento, la CEV expresa que tanto las autoridades venezolanas como Trinidad y Tobago están obligadas a respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo los derechos humanos de las personas migrantes.