Sentada en el piso de una plaza en Caracas, acompañada junto a su madre y sus cuatro hijos, nos encontramos a una joven, quien se dedica al trabajo sexual. Ambas comparten el cuidado de los pequeños, mientras deben atender a los clientes que acuden en busca de servicios. Todos los días hacen el viaje entre Santa Teresa, en el estado Miranda, y Caracas, acompañadas de los niños ya que no tienen con quien dejarlos. En el mismo lugar, se encuentran otras trabajadoras sexuales, con edades que van desde los 20 hasta los 60 años, quienes tienen más tiempo trabajando en las calles.
Al llegar nos reciben y algunas de ellas reconocen a Nury Pernía, coordinadora de la Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca (AMBAR), quien les entrega condones para que puedan contar con mecanismos de protección. Pernía les ofrece acompañamiento legal, psicológico y formación en los talleres que se llevan a cabo dentro de la organización.
Continuamos el recorrido, y a pocos metros del centro de Caracas, cerca de los famosos locales amarillos que rodean al terminal de pasajeros del Nuevo Circo -donde los clientes acudían por sexo-, se observan en toda la avenida Lecuna a diversos grupos de trabajadoras sexuales, a plena luz del día. Alrededor de las 3 de la tarde, nos encontramos a una de ellas cortada y con sangre esparcida por diversas partes de su cuerpo, nos enteramos que minutos antes había tenido una pelea con otra mujer, por lo que en el sitio se encontraban varios funcionarios policiales, pero ninguna fue detenida. Allí, estos reconocidos locales se mantienen cerrados, a raíz del Estado de Alarma por Covid-19, por lo que estas trabajadoras sexuales salen a la calle a esperar clientes, ya que los hoteles cercanos continúan abriendo.
En la misma zona, pero retiradas de ellas y por otra calle, pudimos presenciar a adolescentes esperando también clientes, ante la mirada indiferente de la policía que transcurre por el lugar, ya que el objetivo de ellos está más centrado en visitar los locales de comercio.
Saliendo del oeste de la ciudad, caminan por las avenidas otras trabajadoras sexuales, algunas en grupos y otras solas. Allí recibimos denuncias junto a AMBAR, de cómo han sido víctimas de extorsión, robos, maltratos físicos y verbales por parte de funcionarios policiales. Denuncian que no solo ellas están siendo víctimas de la PNB, sino que los clientes también comienzan a ser extorsionados, motivo por el cual ya muchos no quieren pasar por allí.
Sentada en la acera, una de ellas nos cuenta cómo, estando embarazada, fue perseguida por uno de estos funcionarios, y que al alcanzarla fue pateada por las nalgas, cayendo al piso. Luego cuenta que, a los 15 días de haber dado a luz, fue detenida junto a otras compañeras, durante 3 días, según por no tener el tapabocas puesto. Pero denuncian que así los tengan puesto, las montan en las patrullas y se las llevan presas.
Las trabajadoras sexuales no solo denuncian maltratos físicos, procedimientos ilegales a lo que están siendo sometidas, también afirman que estos policías les piden vacunas, además de las amenazas de llevárselas presas. Algunas nos confiesan que no quieren cargar sus celulares encima porque según los policías también se los roban.
Finalizando el recorrido, hacia el este de la ciudad, las mujeres que trabajan allí denuncian cómo también han sido víctimas de abusos por parte de funcionarios de Poli Chacao, además de coincidir con las denuncias anteriores por extorsión en el cobro de vacunas y amenazas, hay una denuncia de que uno de los funcionarios disparó contra ella para asustarla y que corriera. Estas conductas abusivas y reiteradas por parte de funcionarios policiales ya han sido denunciadas en el pasado. Sin ir muy lejos, en diciembre de 2020, AMBAR atendió el llamado que hiciera un grupo de trabajadoras sexuales, de esta misma zona, contra los abusos cometidos por la brigada motorizada de Poli Chacao, iniciando la organización denuncias formales y teniendo como único resultado la destitución de algunos de ellos. Pero con el registro de estas nuevas denuncias, se evidencia que estas conductas no han sido corregidas ni evitadas, por el contrario, los funcionarios policiales se han convertido en perpetradores de violaciones a los derechos de estas mujeres.
A diferencia de las trabajadoras sexuales, que se mantienen cercanas al centro de Caracas, estas mujeres han sido agredidas físicamente, robadas y detenidas, bajo cargos como el de alteración al orden, mientras que la realidad es que no hay un cumplimiento estricto de cuarentena por parte de la población en general, los hoteles siguen abiertos y los comerciantes de puestos informales siguen trabajando en la calle.
En cambio, AMBAR ha registrado denuncias de que algunas de estas trabajadoras sexuales han sido presentadas ante tribunales por alteración al orden público, cuando para AMBAR y para ellas mismas, realmente están siendo detenidas por estar en vía pública ejerciendo trabajo sexual, aun cuando en Venezuela el trabajo sexual no es penalizado. Patrullas que pasan por las avenidas en las que se encuentran, amenazándolas con llevárselas detenidas, con casos de agresiones físicas y verbales, extorsión, robos. Incluso denuncias de amenazas para recibir de ellas “favores sexuales”.
AMBAR denuncia que, desde el 16 de marzo de 2020, los locales donde estas mujeres podían trabajar se mantienen cerrados, lo que las ha obligado a ofrecer sus servicios sexuales en la calle por las necesidades económicas que tienen para cubrir sus gastos básicos, lo que ha traído como consecuencia persecución de ciertos funcionarios policiales, como los de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los de Poli Chacao.
AMBAR ha recibido la denuncia de que todos los viernes las trabajadoras sexuales, de estas dos últimas zonas, deben pagarles a los funcionarios policiales que hacen el recorrido, entre 15 a 20$, a manera de vacuna semanal.
Protección al trabajo sexual
AMBAR defiende que a las mujeres que se dedican al trabajo sexual les sea reconocida su labor y sean amparadas por las leyes que protegen a todos y todas las trabajadoras en Venezuela. Como el derecho de tener una vida laboral segura, sin violencia ni malos tratos, y sin exclusión por sus decisiones sexuales.
Desde hace casi 25 años, la organización ha defendido los derechos de las trabajadoras sexuales en Venezuela, especialmente el derecho a la salud y el trabajo de estas mujeres y la defensa de sus derechos humanos en general. Nury Pernía, coordinadora de AMBAR, recuerda que hace más de 25 años las mujeres morían en las puertas de los hospitales por casusas asociadas al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) toda vez que eran excluidas de la asistencia médica por el hecho de ser trabajadoras sexuales.
Pernía señala que uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente estas trabajadoras sexuales ha sido ocasionada por la pandemia por Covid-19, debido a que los locales donde se encontraban se mantienen cerrados y ellas han tenido que mantenerse en las calles, siendo más expuestas y vulnerables, por parte de bandas criminales y de abusos policiales.
Las trabajadoras sexuales exigen que les sea respetada su vida sexual, sin prejuicios ni estigmas que den pie a la discriminación. A no ser rechazadas en los centros de salud por su elección de trabajo sexual, ya que algunas confiesan no acudir a atenderse por miedo al rechazo y ataque moral que pudieran recibir, o no decir la verdad sobre lo que se dedican. AMBAR reivindica también el derecho de estas mujeres a recibir atención y educación en salud sexual y reproductiva.
Como mujeres, y más, como trabajadoras sexuales, se convierten en víctimas de desigualdades sociales, económicas y culturales, surgidos en torno a un vacío institucional de protección para ellas y de políticas públicas que las protejan.
En Venezuela, aunque el trabajo sexual no está penalizado, quienes lo ejercen suelen ser estigmatizados y se convierte en otro grupo desprotegido, porque se les dificulta obtener apoyo legal en casos de discriminación o de violencia por parte de clientes y cuerpos policiales, atención médica adecuada o educación sobre la sexualidad y empoderamiento sobre sus cuerpos.
Las trabajadoras sexuales, y especialmente las que se encuentran en la calle, son víctimas de maltratos verbales y físicos, de la delincuencia, de persecución policial, de discriminación, al ser consideradas “focos de infección”.
La resistencia actual, por parte de una sociedad que juzga y discrimina el que se tome decisiones de manera autónoma sobre sus cuerpos y sexualidad, es una violación y desamparo a sus derechos sexuales y reproductivos, a su salud y en algunos casos a su integridad, y que a veces pone en peligro sus vidas. Sin mencionar como estos escenarios se vuelven más violentos contras las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.
Cuerpos policiales, quienes deberían estar al servicio de la seguridad y protección dentro de las sociedades, se han vuelto perpetradores de violaciones contra estas mujeres. No solo les imponen cargos para llevarlas detenidas, sino que las extorsionan o amenazan. En muchos otros casos las agreden físicamente. La ausencia de legislación y políticas públicas que regulen este tipo de trabajo lleva a estas prácticas arbitrarias y violentas. Tampoco las instituciones del Estado se han preparado para recibir y acompañar denuncias que hagan, no solo contra el abuso de funcionarios policiales, sino de violaciones que pudieran sufrir de parte de sus clientes.
Para las trabajadoras sexuales organizadas en Latinoamérica, el libre ejercicio de su trabajo es el libre ejercicio de sus derechos sexuales. Señalan que algunas eligen este tipo de trabajo como la mejor opción que tienen, y otras lo eligen porque les representa la única alternativa que tienen para alcanzar la independencia económica y poder cubrir sus necesidades básicas y las de sus familiares.
La Red de Mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y El Caribe (REDTRASEX), expresa que la lucha por sus derechos se mantiene hasta poder ejercer su trabajo de manera segura y poder desarrollarlo en mejores condiciones. Señalan además que, el derecho a decidir sobre los métodos anticonceptivos, esterilización sin necesidad de otro consentimiento, que no sea el propio, conocer y poder adquirir anticonceptivos de emergencia, conocer sobre los derechos sexuales y reproductivos e instituciones para defenderlos, son parte constitutiva del trabajo que queda por hacer.
