Los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y especialmente, de las mujeres, se han visto severamente afectados, no solo por la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país desde 2014, sino también por la pandemia por el Covid-19, lo cual ha generado un impacto desproporcionado en mujeres y niñas.
Uno de los derechos, y sectores, más vulnerados durante este contexto ha sido el de la salud. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las mujeres en Latinoamérica están significativamente afectadas durante la pandemia, y en el sistema de salud “representan el 72,8% del total de personas ocupadas en ese sector en la región.”[1] Venezuela ya presentaba un escenario recrudecido en el sistema de salud y con la pandemia la situación tendió a agravarse. Los limitados centros y servicios de salud han sido direccionados a la atención de pacientes afectados por Covid-19, quedando numerosas áreas de salud desprovistas, como es el caso de la salud sexual y reproductiva vinculado con los partos hospitalarios, lo cual podría incrementar la mortalidad materna.
En otros ámbitos, la emergencia generada por el Covid-19 ha provocado impactos específicos en las mujeres, profundizando las desigualdades de género existentes en la familia, centros de estudio, entorno laboral y en lo social. Mujeres que, además de trabajar, se convirtieron en profesoras y supervisoras de sus propios hijos, en cocineras, en cuidadoras de niños y/o adultos mayores -generalmente, familiares-, y en administradoras y participantes activas de otras tareas del hogar.
Sobre el ámbito familiar y, a lo interno de los hogares, es relevante señalar que durante 2020 los feminicidios se dispararon en el país, registrándose 217 víctimas mortales por violencia de género, lo que da cuenta que el aumento de la violencia de género se recrudece por el confinamiento, limitado acceso de las mujeres a servicios de salud, atención y prevención de la violencia.
Por otro lado, la intersección del género con otras condiciones de vulnerabilidad agudiza el efecto negativo de la crisis, por lo que es prioritario prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad como las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas, las privadas de libertad, las jefas de hogar, las mujeres del colectivo LGTBI, y las más desfavorecidas de las zonas rurales.
Dadas estas consideraciones, en este contexto de pandemia, desde el gobierno de Nicolás Maduro no se han desarrollado e implementado políticas públicas enfocadas en la mujer y sus derechos, lo cual ha generado, como uno de sus indicadores, desempleo y feminización de la pobreza, acrecentando los mecanismos y barreras sociales, económicas y de cualquier otra índole al empobrecimiento de la mujer.
Desde Ambar, consideramos que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. Es necesario que en Venezuela se desarrollen líneas de acción orientadas a la superación de las dificultades actuales y que la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia no sea una cuestión secundaria.
Del mismo modo, es pertinente un enfoque de interseccionalidad para la adopción de medidas en mujeres en especial situación de riesgo, se debe incluir factores como la raza, edad, orientación sexual, entre otros. No menos importante es el enfoque derechos humanos que promueva, respete y garantice los derechos humanos, en especial salud, de las mujeres. Los procesos de vacunación tienen que segmentarse e incluir a las mujeres más vulnerables como grupo prioritario en la aplicación de la vacuna.
No considerar la planificación, diseño y ejecución de políticas con enfoque de género, profundizará las desigualdades cuyos efectos se prolongarán a largo plazo y serán difíciles de revertir.
[1] https://www.icj.org/es/las-mujeres-en-venezuela-enfrentan-riesgos-a-su-salud-por-la-pandemia-y-por-la-violencia-de-genero/
